UGT Serveis Públics denuncia la gestión irresponsable y el maltrato laboral sufrido por el equipo de acogida de Es Refugi Pare Gaspar Aguiló

Desde UGT Serveis Públics queremos denunciar públicamente la grave situación de abandono y desprecio institucional que ha sufrido el personal de Es Refugi Pare Gaspar Aguiló, víctima de una gestión negligente por parte de la Junta Directiva de la entidad titular del servicio.

Este servicio esencial ha ido deteriorándose ante la dejadez de un equipo directivo que ha permitido su decadencia sin implementar ninguna medida correctora, llegando incluso a prescindir de actividades generadoras de ingresos, como el tradicional Mercadet de Nadal o la solicitud de subvenciones del 0,7% del IRPF. Las trabajadoras y trabajadores han planteado reiteradamente propuestas para mantener vivo el servicio —incluyendo la posibilidad de autogestión mediante una asociación—, pero todas han sido ignoradas.

Mientras tanto, se esgrime la falta de liquidez como argumento, sin ofrecer explicaciones claras ni activar mecanismos de prevención. La entidad cuenta con propiedades de alto valor patrimonial y con ingresos fijos procedentes del alquiler abonado por el IMAS, suficientes para haber solicitado un crédito que permitiera abonar las nóminas e indemnizaciones pendientes o, al menos, mantener operativo el servicio hasta su compraventa, garantizando así la subrogación de todo el personal en activo.

Sin embargo, se ha optado por la vía más perjudicial para la plantilla, sin mostrar sensibilidad ni ofrecer alternativas reales. A escasos días del cierre del servicio, el personal no había recibido confirmación oficial sobre la fecha de finalización de sus contratos, y fueron ellos mismos quienes asumieron la responsabilidad de informar a los usuarios, ante el silencio y la irresponsabilidad de la dirección.

La Junta Directiva ha incumplido su palabra. Se prometió que no habría despidos y que se garantiza la subrogación, pero esta promesa se ha diluido entre versiones contradictorias. Finalmente, se reconoce que solo se subrogará al personal en activo en el momento exacto de la compraventa, excluyendo incluso a quienes están contratados a jornada parcial, lo que consideramos una forma clara de discriminación laboral.

Resulta especialmente grave que, tras obtener una compraventa millonaria de los inmuebles de Ca L’Ardiaca, Primera Acogida y Es Refugi, la Junta anuncie su intención de dedicarse al mecenazgo de otras entidades mientras lleva a cabo un ERE para el personal que ha gestionado hasta ahora el centro de acogida, sin pactar condiciones dignas ni ofrecer una fecha concreta de pago de las indemnizaciones.

Desde UGT Serveis Públics exigimos responsabilidades inmediatas, el fin del maltrato económico y psicológico al personal, y una actuación decidida por parte de las administraciones públicas.

En este sentido, reclamamos también al IMAS un posicionamiento firme y transparente sobre la subrogación del personal. Exigimos que se garantice, como mínimo, la absorción de todo el equipo humano que ha estado vinculado al servicio hasta su cierre, incluyendo a quienes trabajan a jornada parcial, y que se priorice la continuidad del servicio en condiciones dignas para trabajadores y usuarios.

Esto no es solo un conflicto laboral. Es una crisis ética y de responsabilidad institucional que no puede quedar sin respuesta.